Desde el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, OECCC,
nos unimos a la campaña #CannabisLícito por considerar que es importante
aprovechar en todo momento todas las oportunidades para defender los
derechos de las personas que usan y cultivan cannabis. A continuación el
comunicado consensuado de todas las asociaciones que participan en esta
acción, a la que te puedes unir en twitter el 13 de abril a partir de
las 11:00
Como todas sabréis a estas alturas, la emergencia socio sanitaria que
nos acompaña día a día ha supuesto la rotunda parada de toda actividad
en conformidad con el decreto ley aprobado el pasado 18 de marzo, desde
entonces, todas nuestras actividades asociativas se han visto aplazadas
hasta nuevo aviso. El confinamiento decretado está empezando a suponer
un problema para las personas usuarias que pretenden abastecerse en este
difícil momento y sobre todo para las personas que hacen un uso
terapéutico de la planta y que estos días ven imposible el acceso a su
medicina, hecho que afecta enormemente a su calidad de vida.
Es por eso que, desde el movimiento Cannàbico, os pedimos
encarecidamente que os unáis a la campaña #CannabisLícito, integrada por
decenas de entidades de todo el Estado y miles de personas consumidoras,
se unen para exigir al gobierno que adopte medidas que garanticen los
derechos sociales y los instrumentos que verdaderamente inciden en la
protección de la salud y en el ejercicio de los derechos fundamentales
de las personas consumidoras de cannabis.
Desde hace varias décadas la cultura cannábica está cada vez más
arraigada en nuestra sociedad. En este proceso, muchos agentes sociales,
han contribuido a sensibilizar sobre la inseguridad jurídica que viven
las personas consumidoras y, asimismo, han realizado propuestas para que
las personas consumidoras de cannabis puedan acceder a una sustancia de
calidad, sin tener que ser sancionadas.
La normalización social del cannabis y de las personas que lo consumen
en cualquiera de sus formas evidencian la necesidad de ir acompañadas de
una normalización jurídica, basada en el libre desarrollo de la
personalidad, y en otros derechos y libertades propias del Estado social
y democrático de Derecho. A tal fin, el cannabis debe formar parte de la
agenda política, capaz de poner en práctica una nueva política donde los
derechos y libertades, así como los aspectos sociales, educacionales,
preventivos y de reducción de daños, sean los ejes centrales.
Una regulación que contemple el cultivo personal y colectivo, suministro
y consumo de cannabis, pretende un doble objetivo: garantizar el derecho
individual de las personas adultas al consumo, y proteger a las personas
menores de edad y a los sujetos vulnerables de los potenciales riesgos
de ese consumo.
No olvidemos que la clandestinidad pone a las personas consumidoras en
contacto con un mercado ilícito donde se adulteran sustancias, impera la
violencia, la marginalidad y no se tiene ningún tipo de reparo con
facilitar el acceso a los/as menores.
Desde este punto de vista, la regulación del cannabis, enfocada a un uso
controlado de la sustancia, permitiría volcar los esfuerzos de las
políticas de drogas en la prevención de los riesgos asociados al
cannabis, la educación y el desarrollo económico de las zonas más
desfavorecidas.
En momentos como este se hace más evidente la necesidad de reconocer la
actividad esencial de las asociaciones, suprimir las sanciones por
tenencia, dotar de una marco legal preceptivo, el autocultivo lúdico, o
terapéutico, que elimine la inseguridad jurídica, son claves para
conseguir un modelo verdaderamente inclusivo, que ponga primero a las
personas. Una regulación que debe nacer de la colaboración mutua de toda
la sociedad que de manera organizada y en pro de conseguir un mayor
impacto siendo una sola voz unida y que presente de forma íntegra las
demandas sociales al poder regulador.