El OECCC presenta un detallado informe sobre las licencias delante de Monsanto Cartagena, donde existen sospechas de cultivo de cannabis por parte de una alianza de farmaceúticas, hasta ahora oculta a la opinión pública.

(Cartagena, 13 de febrero de 2019). El Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) ha denunciado esta mañana la falta de transparencia y las prácticas de monopolio que rodean la concesión de licencias del sector por parte del Gobierno de España. El OECCC ha presentado un detallado informe sobre las licencias delante de las instalaciones de Monsanto Cartagena, donde existen sospechas que cultiva cannabis una alianza de empresas farmaceúticas, hasta ahora oculta a la opinión pública.

La Junta Directiva del OECCC ha presentado el informe “Licencias para cultivo de cannabis, análisis a partir de las últimas informaciones dadas por AEMPS”. Destaca la falta de transparencia, y que las respuestas del Gobierno son contradictorias y no existe un procedimiento administrativo claro, que proporcione igualdad de oportunidades.
El OECCC presentó este informe antes las instalaciones de Monsanto Cartagena, por haberles narrado distintas fuentes que allí se cultiva el cannabis de la única licencia que se ha concedido para la producción y exportación de cannabis con mas de 0.2% de THC. La licencia fue concedida a Alcaliber, se traspasa a Linneo Health en el proceso de venta de Alcaliber al fondo británico GHO, que opera desde el paraíso fiscal de las islas Caimán. Sería Linneo Health los que habrían, supuestamente, subcontratado el cultivo final con Monsanto, marca que pertenece a Bayer. Con esta presentación el OECCC quiere destacar la opacidad absoluta en que se mueve el proceso de concesiones. El informe se ha entregado también a los principales grupos políticos, solicitándoles una ley de cannabis medicinal completa e integral, con sitio para las personas.

Ni siquiera a los parlamentarios se les informa en detalle, ya que en cuatro respuestas al Gobierno se ofrecen 4 cifras diferentes, que tampoco concuerdan con lo recientemente expuesto en la web de la AEMPS. Así el 12 de diciembre del 2017 habla de 6 licencias a 5 empresas, el 15 de enero de 2018 de una licencia, el 15 de febrero del 2018 de 12 licencias y el 28 de diciembre de 8 autorizaciones a 7 empresas. Además la información facilitada en estas 4 respuestas tampoco coincide con la publicada en la página web de la AEMPS desde el 18 de diciembre del 2018. Así en las respuestas del Gobierno solo aparece una empresa con Licencia de producción, Alcaliber. En cambio en la web de la Agencia esta licencia aparece atribuida a Linneo Health. También aparece Cafina con licencia de producción y además aparece una empresa no citada en las respuestas al Gobierno, Oils4Cure Sl. Además en la web de la Agencia no constan dos empresa que si aparecen las respuesta del Gobierno, Parque Etnográfico Pirámides de Güimar S.A.U y DJT Plants. A esto se suma que dos de las respuestas al parlamentario Miguel Vila, fechadas el 15 de enero de 2018 y 15 de febrero de 2018, ni siquiera han sido publicadas en la web del Congreso.

Respecto a las leyes citadas en las respuestas del Gobierno. Como se puede observar, si atendemos a su fecha, se trata de normas desfasadas y anticuadas, todas ellas preconstitucionales, lo que evidencia la falta de una legislación estatal que regule esta cuestión de forma adecuada. Hay que tener en cuenta que en esa ley se indican organismos, como los tribunales de contrabando, que ya no existen.

Respecto a las variedades de origen lícito empleadas, se referencia variedades tan generales como «cannabis sativa variedad índica´´, que es toda una subespecie dentro de la especie de cannabis sativa. A priori, parece que deberían ser semillas certificadas, pero, tras una investigación al respecto, se han localizado variedades que no aparecen en ningún registro de variedades. Se desconoce que entiende la AEMPS por origen lícito, ya que en sus respuestas solo hacen referencia a un documento sobre la necesidad de juntar fondos para perseguir el tráfico ilícito de variedades de cannabis, donde ni se definen las variedades de origen lícito, ni las de origen ilícito.

Ya se están concediendo licencias, ya existen unas pautas mínimas, ahora solo falta cumplir con el ordenamiento jurídico. Que la administración, como es su obligación, establezca un procedimiento administrativo debidamente delimitado, para que cualquiera de las empresas que quieran desarrollar estos proyectos, lo puedan hacer en igualdad de condiciones. Dentro de un margen que aporte la transparencia y la seguridad jurídica debida. Asimismo, para todo ello se debería crear un organismo administrativo para la gestión de todas las licencias relacionadas con el cannabis, lo que podría ser un adelanto para la gestión de una regulación sobre el cannabis en general.

A pesar de las recientes recomendaciones de la OMS de 24 de enero de 2019 a la ONU sobre las evidencias de que el cannabis esta clasificado inadecuadamente en las listas de los convenios internacionales, no se permite el autocultivo de los usuarios medicinales que siguen sufriendo procedimientos penales, sanciones por tenencia y conducción e incluso en algunos caso penas de prisión. Al mismo tiempo, se autoriza, en régimen de oligopolio, el cultivo a grandes compañías, algunas de ellas internacionales u operadas desde paraísos fiscales, con criterios poco claros. El OECCC solicita que se acabe esta paradoja con una ley del cannabis medicinal, clara, transparente y que incluya el autocultivo medicinal, así como la tenencia y uso de cannabis medicinal. ¡Primero las personas, luego las empresas!

Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis
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El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, OECCC, es un grupo multidisciplinar de expertos, sin ánimo de lucro, que propone alternativas a los modelos legales de la actualidad.

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