Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis

Licencias para cultivar cannabis en España y la burbuja especulativa internacional

Informe de Hugo Madera y Álvaro Zamora para el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis.

Puntos clave

Existen ocho documentos con datos de las licencias para el cultivo de cannabis en España, concedidas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). También seis respuestas del Gobierno, a lo que se suman dos listados proporcionados por la propia AEMPS donde figuran las empresas que han obtenido dicho permiso. Estos documentos contienen importantes contradicciones en datos básicos como número de licencias y adjudicatarios o la extensión cultivada.

Un Dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligó a la AEMPS a dar información sobre estos aspectos. En los recursos que hizo para intentar impedirlo, la AEMPS reconoce que no existe un documento con el proceso para conseguir una licencia de cannabis, y que la AEMPS actúa en función de “particularidades que se puedan producir en cada caso concreto”.

Alcaliber consiguió la primera licencia para la producción y exportación, que traspasó a Linneo Health por 9,4 millones de euros, aunque la extensión cultivada es de 1,7 hectáreas. En el caso de Cafina, tiene 150 metros cuadrados de cultivo, pero el día que la compró Canopy subió en bolsa un 2%.

La falta de transparencia y un proceso claro y detallado en España se une a una burbuja financiera internacional, con sobornos a funcionarios, conflictos de interés, caídas épicas en las cotizaciones, malas prácticas, demandas por fraude y desinformación al accionista, excesos de producción y bajadas de precios.

En todo el mundo, los cultivadores tradicionales acusan a las multinacionales canadienses del cannabis de lobbismo sobre los gobiernos, para intentar conseguir una regulación a su medida, que deja fuera a las personas. Una de las excusas que utilizan es la trazabilidad de la semilla. Tras décadas de prohibición la trazabilidad de la semilla no se puede garantizar y funciona como excusa para facilitar un oligopolio de las multinacionales y excluir a los cultivadores tradicionales.

Un ejemplo de este lobismo poco transparente es el reciente congreso Cannabis Europa. Mandó invitaciones a su cita en un hotel de cinco estrellas a todos los grupos relevantes del Parlamento Español, aunque en su página web no aporta información sobre su comité organizador e intereses, ni consta como inscrito en los registros de transparencia del Parlamento Europeo o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Recomendaciones

Poner a las personas en el centro, por encima de los intereses de las multinacionales del cannabis y de la farmaindustria. Regulación integral del cannabis. Incluyendo uso y autocultivo, tanto lúdico como medicinal. Transparencia en las licencias para cultivar cannabis con aplicación proactiva de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Actualización de la legislación preconstitucional sobre este tipo de permisos, con una Ley del Cannabis Medicinal y Terapéutico. Privilegiar al sector del cannabis español frente a la intervención de multinacionales. Ley de transparencia con registro de lobby y huella legislativa completa.

Investigaciones del OECCC sobre las licencias para cultivar cannabis

Los autores del presente informe ya escuchan a distintas fuentes en 2015 que Alcaliber estaba tramitando conseguir una licencia de cultivo de cannabis, pero la opacidad al respecto era total. Así que en 2017 y 2018 el OECCC empieza a dirigir preguntas al Gobierno a través de distintos parlamentarios. Entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, el OECCC consigue cuatro respuestas del Gobierno, que se publican en distintos medios de comunicación. El problema que el OECCC saca a la luz en su primer informe, presentado el 13 de febrero del 2019, es que las cuatro preguntas se contradecían entre sí y también con otro documento publicado en la propia web la AEMPS.

El 13 de febrero de 2019, el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis realizó, delante de las instalaciones de Monsanto Cartagena, la presentación del primer informe sobre las licencias de cannabis en España. Este informe se basa en preguntas al Gobierno sobre las licencias que el OECCC entregó a distintos parlamentarios. En un plazo de un año se dieron cuatro versiones diferentes, en las fechas 12 de diciembre de 2017, 15 enero de 2018, 15 de febrero de 2018 y 28 de diciembre de 2018. Además, ninguna de las cuatro respuestas, ni siquiera la del 28 de diciembre de 2018, coincide con el listado publicado por la AEMPS el 18 de diciembre de 2018.

Respuesta a Maria Aurora Florez (PSOE) 12 diciembre de 2017: Autorizaciones para el cultivo de cannabis con un contenido superior al 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), con fines terapéuticos a DJT Plants Spain y Alcaliber. Las licencias de investigación son concedidas a DJT Plants Spain, Phytoplant, CIJA Preservation S.L. y la Universidad Politécnica de Valencia. Desde el 2011 al 2016 se han recibido en la AEMPS aproximadamente 160 solicitudes, de las que se han autorizado seis.

Respuesta a Miguel Vila (Podemos) de 15 enero de 2018: Concesión de una autorización para la producción, fabricación de cannabis y sus productos a una empresa que en aquel momento no había iniciado su actividad.

Respuesta a Miguel Vila (Podemos) del 15 de febrero de 2018: Desde el año 2011 hasta la fecha, se han recibido y tramitado 179 solicitudes de autorización de cultivo de plantas destinadas a la obtención de estupefacientes, de las que se autorizaron 12. Se ha concedido una licencia a una entidad canaria para producir semillas para el cultivo de plantas que rindan estupefacientes.

Respuesta a Miguel Vila (Podemos) del 28 de diciembre de 2018: Cinco entidades titulares de autorización para investigación son: Cáñamo y Fibras Naturales S.L. (Cafina), CIJA Preservation S.L., DJTPLANTS, Phytoplant Research S.L. y Universidad Politécnica de Valencia. Otra es para fines didácticos y educativos, cuyo titular es el Parque Etnográfico Pirámides de Güimar S.A.U. Dos son para fines medicinales, una de ellas para producción y exportación de semillas y esquejes de plantas de cannabis sativa (DJT Plants) y otra para la producción y fabricación de cannabis y sus derivados (Alcaliber S.A.).

Este trabajo, además de difundirse en los medios de comunicación, se ha presentado en congresos científicos sobre cannabis. Así, el OECCC realizó una comunicación sobre las licencias para cultivar cannabis en el  II Congreso Internacional de Cannabis de Catoira, donde intervino ese mismo día la actual directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, a la que entregamos el documento de trabajo sobre la Ley del Cannabis Medicinal y Terapéutico, que incluye entre sus anexos el primer informe sobre las licencias para cultivar cannabis.

Además, el OECCC ha realizado un póster científico que suma una nueva respuesta parlamentaria a las anteriores, en este caso la derivada de la pregunta de Francisco Igea, de Ciudadanos. Esta respuesta confirma algo que el OECCC ya había denunciado, las respuestas al Gobierno, además de no dar toda la información, contienen errores. Así, en la respuesta a Maria Aurora Florez (PSOE) del 12 diciembre de 2017, se asegura que “La AEMPS ha autorizado el cultivo de aproximadamente 20.000 hectáreas de plantas de Cannabis con fines de investigación”. En la posterior respuesta a Francisco Igea, Diego Clemente y Fernando Navarro (Ciudadanos) del 18 de enero del 2019 sobre este tema, respondieron que no hay autorizadas 20.000 hectáreas para el cultivo de cannabis, sino que para el periodo 2018-2019 se autorizaron por la AEMPS  un total de 4,03 hectáreas; 2,31 hectáreas para el cultivo de cannabis con fines de investigación y 1,72 hectáreas en la Región de Murcia para la producción de cannabis con fines medicinales y su exportación posterior.

Dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

A todas estas contradicciones se une un dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre un particular que solicita información. En este dictamen del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se citan las respuestas parlamentarias conseguidas por el OECCC, señalando que “A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha quedado acreditado, no sólo que la AEMPS dispone de la información y puede proporcionarla, sino que lo ha hecho en respuesta a preguntas escritas formuladas por Diputados que, no debe olvidarse, son objeto de publicación y que, por lo tanto, son accesibles en una sencilla búsqueda en Internet”.

Por este y otros motivos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente esta reclamación, solicitando a la AEMPS que proceda a enviar a la reclamante: 

– Cuántas autorizaciones administrativas para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de estupefacientes ha concedido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, así como a qué personas jurídicas les han sido concedidas, al amparo de la Orden de 7 de mayo de 1963, sobre cultivo y recolección destinadas a la producción de estupefacientes u otra normativa de aplicación.

– En relación con lo anterior y en especial referencia para el cannabis, cuántas autorizaciones administrativas para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis, ha concedido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; así como a qué personas jurídicas les han sido concedidas.

Además de estos aspectos, la persona reclamante solicitaba conocer cuál es exactamente el procedimiento y los requisitos necesarios para que se conceda la referida autorización administrativa para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sobre esta demanda, la AEMPS reconoce que no existe ningún documento que detalle los requisitos necesarios para solicitar una autorización administrativa sobre el cannabis; “En cuanto a la información relativa al procedimiento para la solicitud y requisitos para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis, la AEMPS informa de que no dispone de un documento público en el que se encuentre recogida la misma. Los datos que se solicitan para poder cultivar plantas medicinales con destino a la obtención de medicamentos, estupefacientes y psicótropicos se establecen en la Orden de 7 de mayo de 1963 sobre cultivo y recolección de plantas destinadas a la producción de estupefacientes, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Dichas solicitudes deben tramitarse ante la AEMPS, como la solicitante manifiesta en su escrito de alegaciones, momento en el que dependiendo de cada caso concreto, se requerirá la documentación adicional que se considere pertinente en función de las circunstancias específicas”.

Esta información de la AEMPS se remata con la referencia a “casos concretos” y “circunstancias específicas”, lo que infunde dudas adicionales a muchos informantes: ¿Se han cambiado las condiciones en el tiempo? ¿A qué casos concretos y circunstancias específicas se han adaptado las condiciones? ¿Se ha tratado igual a Alcaliber que al resto de solicitantes de licencias? ¿Se ponen trabas a las empresas del sector del autocultivo y se facilitan las solicitudes de las farmas?. Todas estas dudas hacen patente la necesidad urgente de un proceso reglado, público y detallado, aplicable a todas las solicitudes.

La AEMPS sí proporciona al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno una serie de documentación y datos que ‘se suelen’ solicitar, amparándose, de nuevo, en que esto podrá estar “sujeto a las particularidades que se puedan producir en cada caso concreto”. Es decir, puede que a no todo el mundo se le exija lo mismo. En todo caso, la información que la AEMPS asegura suele solicitar es el “origen de las semillas y/o plantas que proyectan cultivar, datos del propietario de la parcela donde se va a realizar el cultivo, un documento de compromiso con la entidad concesionaria firmado por el propietario de la parcela en el que se compromete a entregar toda la cosecha a la misma, provincia donde está ubicada la parcela e infraestructura de las instalaciones donde se pretende llevar a cabo el cultivo, término municipal, número de hectáreas a cultivar, datos relativos a las previsiones de producción y destino de la misma, destrucción de excedentes y demás datos que puedan aportar relativos al proyecto, información sobre las medidas de seguridad previstas en las parcelas de los cultivos y plan de implementación de las mismas, certificados de idoneidad de cultivo de cannabis en las parcelas de la provincia en la que se ejecuten los mismos emitidas por su correspondiente Delegación Provincial de Agricultura e información relativa al fabricante autorizado al que se entregará la cosecha y que se encargará del tratamiento para su transformación”.

Trazabilidad de la semilla

Uno de los requisitos, la trazabilidad de la semilla, se está usando como excusa en todo el mundo para crear una situación de oligopolio a favor de las farmas y las grandes multinacionales, generando una barrera de acceso a estas licencias para las personas, cooperativas o empresas sin acceso a estas genéticas.

Es tan similar la situación en todo el mundo que conviene citar lo dicho sobre la trazabilidad de la semilla en el reciente informe Regulación Por La Paz, entregado en la embajada de México el mismo 4 de febrero, día en que se registraron las preguntas en la AEMPS.

En general, tras décadas de prohibición, una trazabilidad real de la semilla es difícil de garantizar. Tras distintos estudios y averiguaciones, desde el OECCC podemos asegurar que en la escasa cantidad de variedades que cuentan con esa trazabilidad, muchas de ellas son pura trampa, y su genética no es la que se asegura. La trazabilidad se ha convertido en una excusa para permitir a las multinacionales crear un monopolio a costa de los derechos de las personas. Trazabilidad en muchos casos es un mero papel firmado, con unas firmas pagadas a precio de oro.

Ejemplo son las variedades que se ha descubierto que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha considerado que tienen trazabilidad, según una respuesta del Gobierno tras preguntar un diputado con ayuda del OECCC.

En concreto se trataría de las variedades Argyle, Red nº4, Red nº1, Red nº2, Bakerstreet, Orange nº1, Penélope, Green nº3, Yelow nº3, Nos, Theresa, Sara, Aida, Octavia, Juani, Pilar, Goya, Nebula, Good Dog, Jack Flash, 818 Headband, El Nino, Kompolti Hibrid TC, Kompolti, Factura 75, Uso-31, Tiborszallasi, Antal y Finola, además de cannabis sativa en sus variedades “indica”, “rifensis”, “nepalensis”, “indochinensis”, “guineensis”, “sinensis”, “malabarensis” e “himachalensis”, “cannabis ruderalis” en su variedad de “tienchianensis”, y “cannabis ruderalis” en su variedad de “siberiensis”.

Esto, pese a parecer mucho, podríamos decir que no es nada, en muchos casos nombres inventados o totalmente desconocidos. En otros casos se trata de obviedades. Sobre todo cuando se referencia variedades tan generales como ” cannabis sativa variedad índica ” , que es toda una subespecie dentro de la especie de cannabis sativa. Todo un despropósito que evidencia, primero la falta de control y regulación, y segundo la falta de transparencia  y el oscurantismo con el que se tramitan estas trazabilidades tan discutibles.

Estos problemas para conseguir una auténtica trazabilidad provocan que hasta los que reciben licencias sean pillados usando a escondidas semillas del mercado coleccionista. Un caso sonado fue el de la empresa CannTrust. Esta compañía fue acusada de tener salas de cultivo ocultas donde se usaban, producían y vendían semillas sin trazabilidad alguna, ocultando estas salas a las inspecciones de Health Canada.

Hacia el incremento de la transparencia en la AEMPS

Durante el mandato de la anterior directora de la AEMPS, Belen Crespo, el mutismo fue absoluto. En la web de la agencia no había información alguna sobre las licencias ni cómo obtenerlas, ni siquiera se reconocía su existencia.

Tras las cuatro rondas de preguntas al Gobierno, el requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y toda la información publicada en distintos medios, la AEMPS de María Jesús Lamas dio un paso valiente y empezó a publicar un listado de empresas autorizadas, con una primera versión del 18 de diciembre de 2018 y una segunda versión del 13 de agosto de 2019.

Además, la AEMPS indica los documentos básicos que se deben incluir en las solicitudes, con unos listados muy semejantes a los proporcionados al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En todo caso, queda mucho margen de mejora, tal y como detallan en las recomendaciones finales de este artículo.

Preguntas a la AEMPS del 4 de febrero de 2020

A pesar de contar con más información, la aparición de errores e imprecisiones en las respuestas al Gobierno, así como el uso de referencias a casos concretos, deja dudas de si se han tratado todas las solicitudes con el mismo baremo o unas empresas han gozado de mayores facilidades que otras.

Tampoco queda claro el proceso concreto, la lista completa de los adjudicatarios en los últimos años, las genéticas que ha usado cada adjudicatario, cuestiones relativas a la trazabilidad, la normativa que se exige en cada caso concreto o las condiciones bajo las que se traspasaron estas licencias. Para aportar más información a toda la sociedad, el OECCC registró el 4 de febrero de 2020 las siguientes preguntas ante la AEMPS

  1. Número, tipo de autorización (investigación, terapéutico…) y beneficiarios de las autorizaciones concedidas para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis desde 2015 hasta la actualidad.
  2.  Razones por las cuales tanto las preguntas parlamentarias como la información publicada por la AEMPS no coinciden o son contradictorias.
  3. En las respuestas recibidas del Gobierno sobre cannabis con fecha 12 de diciembre se afirma que los solicitantes de licencias ” deberán acreditar el origen lícito de las semillas y/o esquejes utilizados en los cultivos ” con un link a un documento que habla de utilización de semillas de cannabis con fines ilícitos, cuando lo que tratamos es lo contrario, el fin lícito, el uso medicinal o de investigación.  ¿Qué se considera origen lícito de las semillas y/o esquejes?
  4. Detallar en cada una de las autorizaciones, y en el especial la concedida a Alcaliber y traspasada a Linneo Health, ¿Qué semillas y esquejes emplearon en cada cultivo? ¿Qué origen lícito de las semillas y/o esquejes acreditaron? ¿Cómo lo acreditaron?
  5. Existen licencias que cumplirían el GMP por estar destinados al uso medicinal, así como otras que no lo cumplen por estar destinadas a otros usos como investigación o industrial. Especifiquen las licencias concedidas bajo los protocolos GMP y las concedidas sin este protocolo, así como las condiciones que se pidió a cada tipo de licencia.
  6. Especifiquen las empresas con autorización para productos cosméticos con cannabinoides y la fuente de los cannabinoides que utilizan, indicando sin son sintéticos o naturales, si son nacionales o de importación y si son de cultivos de la propia empresa o comprados.

Según consta en distintas informaciones y registros, la licencia concedida al grupo Alcaliber fue traspasada por 9,4 millones de euros a Linneo Health, participada por el fondo británico GHO, radicado en las Islas Caimán. Cafina, a los pocos meses de recibir la licencia, fue comprada por la multinacional del cannabis recreativo Canopy Growth. ¿Qué condiciones exigió la AEMPS para el traspaso de estas licencias desde empresas nacionales a empresas internacionales?

Peligro de comisión de delitos de cohecho para la obtención de las licencias relacionadas con el cannabis.

Esta necesidad de transparencia se hace mayor cuando existe un mercado financiero burbujeado que valora estas licencias en millones de euros. El FBI está investigando posibles corrupciones de funcionarios. En un reciente podcast de Forbes, las declaraciones sobre corrupción en las licencias cannabis son muy explícitas: ” La especialista en asuntos públicos del FBI, Mollie Halpern, dijo que dado que los estados requieren licencias para cultivar y vender la droga, podrían existir delitos de corrupción. Los funcionarios públicos podrían estar inclinados a aceptar dinero a cambio de facilitar la obtención de licencias. El agente especial de supervisión, Regino Chávez, dijo; Hemos visto en algunos estados que los precios suben hasta 500.000 dólares por una licencia para vender cannabis de forma legal, por lo que vemos personas dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para poder obtenerla ” .

Posibles conflictos de interés.

Una de las notas principales de la regulación en Canadá han sido los conflictos de interés. Now Toronto ha publicado una lista de 18 altos funcionarios con potenciales conflictos de interés. La lista la encabezan Chuck Rifici y Mark Zekulin, que de ser importantes figuras del Partido Liberal pasaron a fundar y dirigir Canopy Growth Corporation. También Geroger Smitherman, que de ser Ministro de Salud ha pasado a dirigir THC Meds Ontario. Hay más artículos denunciando que altos funcionarios de Sanidad y otras áreas se han metido de lleno en el negocio del cannabis. También expolicias y exmiembros de la Drug Enforce Administration se están enriqueciendo con el cannabis legal.

Altas expectativas y costes de producción desorbitados

Al examinar el verdadero margen de negocio, las altas valoraciones son demasiado generosas. La comparativa en el precio de producir en Colombia y los actuales costes de producción de las grandes compañías es reveladora. Según Barrons, Aurora Cannabis tiene unos costes cercanos a los tres dólares por gramo, mientras que Canopy Growth Corporation y Tilray tienen unos costes en torno a los seis dólares por gramo. Las empresas Colombianas tendrían costes inferiores a los 50 centavos por gramo.

El OECCC advirtió de la burbuja especulativa

Un miembro del OECCC, Hugo Madera, ha avisado en repetidas ocasiones de que estamos ante una burbuja financiera despegada de la economía real. Muy ilustrativo es un hilo que pone en twitter el 26 de marzo del 2019, con las cotizaciones en plena burbuja, comentando un reportaje de El País Semana con el titular El oro verde. En el momento actual, en que las cotizaciones caen a plomo, conviene leer esta advertencia de que se estaba formando una burbuja en las cotizaciones cannábicas.

Hugo Madera escribió un artículo de 2018 en Sof Secrets: ” La solución no es comprar acciones de empresas cannábicas, pues han tenido este 2018 inmensas subidas que anuncian una burbuja ” . En 2018, también lo dijo en Cadena Ser: ” Los empresarios organizan ruedas de prensa, explican a los posibles inversores que les espera un dineral, inflan así el valor de las acciones y al final, detrás del telón, no hay nada ” . Este artículo de la SER venía con un titular mucho más realista: ‘La burbuja de la marihuana’.  

Además, esta burbuja cannábica, se combina con otra gran burbuja en el mercado de valores general a punto de explotar. Cuando todo detone, va a dejar mucha gente arruinada. Por supuesto, esto no quiere decir que el cannabis no pueda aportar a la economía. Puede hacerlo, y mucho. En la SER hablé de entre 3.000 y 15.000 millones de euros para España, pero primero hay que cambiar la ley, y luego recoger los beneficios sociales y también económicos. No se debe pretender recoger los beneficios y luego ya se verá qué hacemos con las personas.  Habla el artículo del valor de las empresas, miles de millones, pero no especifica que se refiere al valor en bolsa. Ya dice el provervio que no conviene confundir valor y precio, la gran base del ‘value investing’. Cuando alguien compra una compañía, además del precio que le piden, se fija en su valor, en lo que factura, en el famoso Ebitda.

El País Semanal eligió una buena metáfora: la fiebre del oro, la mayoría de la gente que participó en la fiebre del oro no se enriqueció. También habla el titular del pelotazo del siglo, se comete una irresponsabilidad tremenda al anunciar esto en plena portada, atrayendo muchos inversores novatos hacia la ruina. También se dice que todos los implicados tienen un ojo puesto en el día después. Como si todos estuviéramos esperando la regulación para forrarnos. Hay muchas personas y grupos sociales que llevamos luchando por esto más de 20 años, desde tiempos en que luchar por el cannabis era defender derechos humanos y civiles, no el derecho a pegar un pelotazo ” . (Hugo Madera, Marzo 2019).

Caídas épicas en las cotizaciones, con importantes despidos en las plantillas

Desde marzo del 2019 que se realizan estos comentarios, -cuando las acciones de empresas cannábicas estaban con altísimas cotizaciones-, hasta febrero del 2020, la debacle de las acciones cannábicas en bolsa ha sido espectacular, con gráficos en caída libre.

Así, a fecha de 10 de febrero del 2019, la caída en los últimos 12 meses de Tilray ha sido de -79%, Aurora -78,1%, Cronos Group -65,9%, Canopy Growth Corporation -55,7% y Aphria -50,5%.

Los malos resultados han tenido tal magnitud que las dimisiones y ceses se suceden en cadena. A finales de enero del 2020, la prensa especializada ya habla de éxodo de ejecutivos en las empresas cannábicas, incluyendo altos cargos de las mayores productoras de cannabis, Canopy Growth Corporation y Aurora Cannabis, además de otras compañías. Estos ceses y dimisiones vienen acompañados de ventas de acciones de los fundadores.

Esta situación también afecta a la plantilla de trabajadores. Tilray ha anunciado a principios de febrero que despedirá a un 10% de la plantilla dentro de un programa de reducción de costes. Otras empresas que anuncian despidos son Aurora Cannabis (15% de los trabajadores), Medmen Enterprises (40% de los trabajadores), Pasha Brands (24%), Zenabis Global (10%), Mile Highs Labs (10%) y Leafly (18%). Datos que ya se toman como señalizadores de problemas generalizados en todas las empresas cannábicas del mercado.

Malas prácticas en las empresas del cannabis

Así describe Geroger Budwell el mercado el 9 de febrero de 2020: ” Las acciones de marihuana se han convertido oficialmente en una fábrica de tristeza. En los últimos 10 meses, las valoraciones se han derrumbado en todo el panorama legal debido a la mala gestión, los escándalos, la burocracia, las tasas impositivas altísimas, los controles de costes extremadamente pobres, los mediocres pronósticos internos respecto a la demanda del mundo real de flores secas, así como variedades y productos derivados, inestabilidad en los creadores de tendencias de la industria y lo peor de todo, un mar de informes de resultados inundados de tinta roja, en lugar de beneficios ” .

La teoría de las burbujas financieras, detallada por Hyman Minsky, establece siete fases: 1) planteamiento, 2) suben los precios, 3) Crédito fácil,  4) Recalentamiento del Mercado, 5) Euforia, 6) los expertos recogen beneficios, 7) el estallido. Los ceses y dimisiones en las principales empresas de Canadá, unidos al descenso de las cotizaciones, indican que ya hemos pasado la etapa de recogida de beneficios y entramos de lleno en el estallido de la burbuja.

Como en todo mercado burbujeado, mientras las cotizaciones suben, se presta poca atención a las cuentas y se pueden producir estafas varias. Un caso sonado fue el de Green Relief. Según los documentos, crearon facturas falsas para distribuir los fondos de Green Relief a los miembros de su familia, pagar sus hipotecas e incluso crearon una forma para que Green Relief funcionara para pagar la hipoteca personal con que compraron los terrenos que luego alquilaron a Green Relief. Es decir, usaron el dinero de los inversionistas, recaudado para Green Relief, para comprar la tierra a su nombre y alquilar la propiedad a Green Relief, mientras les cobraban el alquiler. Gastaron cientos de miles de dólares en materiales para construcciones y negocios personales, que nada tenían que ver con Green Relief.

Esto no ha quedado en

la explosión de burbuja cannábica en Estados Unidos, sino que hay muchos indicios de que esta burbuja también llegó a España. Desde que el OECCC comenzamos a preguntar sobre las licencias, los medios de comunicación también investigaron y tenemos mucha más información.

Alcaliber y Linneo Health.

Una venta millonaria de un pequeño cultivo

El monopolio del opio que ostenta Alcaliber fue una concesión preconstitucional a la familia Abelló, pero seguramente los problemas en Estados Unidos con la crisis de opiáceos, con multimillonarias indemnizaciones en ciernes, hicieron que este negocio perdiera interés, por lo que Alcaliber fue vendida al fondo de capital riesgo GHO. Antes se traspasó la licencia a Linneo Health, controlada en un 57% por el fondo de capital riesgo GHO y al 40% por el grupo Torreal de Abelló.

Varios medios de comunicación publican que el traspaso se hizo por 9,4 millones de euros. El diario.es detallo que GHO recurrió ” a una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Aunque la propietaria de Alcaliber es la española Alfa Topco (Spain) S.A, su socio único es la luxemburguesa Alfa Luxco, que a su vez tiene como socio mayoritario a Healthcare Capital Luxco. El dueño de esta última es GHO Capital Fund I L.P., domiciliado en George Town, en las Islas Caimán.”

Estos esquemas de venta tan poco transparentes deberían vigilarse con especial atención, ya que Alcaliber ya fue sancionada por Hacienda a pagar 1.720.693  euros por una trama de facturas falsas emitidas por servicios no prestados, lo que no le impidió recibir la primera licencia de producción y exportación de cannabis, así como traspasarla a una red de empresas domiciliadas en Luxemburgo y el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Otra señal de alarma es que la cúpula de Alcaliber oculta sus retribuciones, por lo que Deloitte ha emitido una salvedad en el informe de auditoria, informando que la empresa ha omitido ” la información exigida por la legislación vigente referente al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del Consejo de Administración.

Así, según la respuesta a Ciudadanos, existen 1,72 hectáreas en la Región de Murcia para la producción de cannabis con fines medicinales y su exportación posterior. Tal y explicamos el 13 de febrero de 2019 delante de Monsanto Cartagena, ésta sería la extensión que corresponde a Alcaliber. 1,72 hectáreas es una cantidad que no alcanza ni a tres campos de futbol. En cambio, sabemos que cuando se traspasa a Linneo Health se hace por 9,4 millones de euros, una cantidad desproporcionada para tan escasa superficie.

Canopy y Cafina

Sube en bolsa 2%, 150 metros de licencia

Aunque si se analizan los casos de grandes valoraciones por pequeños cultivos, el caso más alarmante es el de Cafina. Esta empresa fue fundada en 2015 por tres profesores jubilados para el cultivo de cáñamo industrial. La empresa recibió su licencia de la AEMPS para cannabis de más de 0,2% en noviembre del 2018. Pocos meses después, en abril del 2019, Cafina se vendió a la multinacional del cannabis recreativo Canopy Growth Corporation. Aunque Cafina solo tiene un invernadero de 150 metros cuadrados, el día que se anunció la compra, el valor de Canopy se elevó un 2% en bolsa.

Diversas fuentes han relatado a miembros del OECCC que tras la adquisición Canopy, echó a todo el personal, quedando solo en la empresa el CEO, que está sin ningún trabajo asignado. No es la primera vez que, tras una ruidosa adquisición que incrementa el valor de la acción, Canopy Growth Corporation deja un proyecto parado. Así, en un artículo del 14 de noviembre de 2019 en El País, prometieron que llegaban a Argentina para quedarse: ” Recién llegamos y lo hacemos para quedarnos. En Argentina, el cannabis medicinal llegó para quedarse, va a haber un avance industrial ” . Poco tiempo después ejecutó un cierre precipitado, echando al director y a toda la plantilla: Duraron 77 días.

En noviembre de 2019 Canopy reconocía perdidas inesperadas por cambios de precios y devoluciones de material. El bufete de abogados Hagens Berman anunció una acción por fraude, cuestionando la precisión de la contabilidad de ingresos e inventario de la empresa. Así, aseguran que ” (I) Canopy ha exagerado y / o sobreestimado el mercado potencial de sus productos en las tiendas minoristas canadienses. (II) Como resultado, Canopy no ha contabilizado adecuadamente el inventario y la demanda de sus productos, lo que ha provocado cancelaciones de inventario y cargos de reestructuración. (III) Todo lo anterior era razonablemente probable que tuviera un impacto negativo significativo en los resultados financieros de la Compañía. (IV) Como resultado, las declaraciones públicas de la Compañía fueron materialmente falsas y engañosas en todos los momentos relevantes. También anunció una investigación la firma de abogados Ademi & O’Reilly. La posible reclamación por fraude acusaría a Canopy Growth de emitir declaraciones engañosas. Estas informaciones erróneas incluyen aspectos como estados financieros, prácticas comerciales y perspectivas de la empresa.

Las acciones de Canopy Growth Corporation llevan meses cayendo. De hecho, distintos analistas no esperan que la compañía ofrezca beneficios antes del 2021. Uno de ellos describió en diciembre del 2019 la situación de Canopy Growth Corporation: ” Nuestra tesis general sobre la excesiva dependencia de la acción del gobierno y un camino difícil hacia la rentabilidad no han cambiado ” . Además, en diciembre del 2019 Canopy retrasó el lanzamiento de sus bebidas, uno de los grandes negocios que se suponía que iba a emprender, tras la compra por el fabricante de bebidas alcohólicas Constellation Brands. Segun Bloomberg, este retraso de Canopy Growth Corporation llega en el momento más inoportuno. Además, el analista Owen Bennet señaló que ” el retraso es inexcusable y fue causado por la falta de claridad interna, en lugar de factores externos imprevistos, lo que es aún más preocupante ” .

Las perdidas en Canopy incluso han provocado caídas en las acciones de Constellation Brands. Con esta situación, no es de extrañar que Constellation Brands despidiera al director ejecutivo de Cannopy Growth, Bruce Linton, y lo sustituyera por un ejecutivo de Constellation Brands, David Klein.

Aurora Cannabis: sobreproducción y bajadas de precios

 Aurora Cannabis ha establecido oficinas en España

 Aurora Cannabis ha establecido oficinas en Españay ha fichado como CEO a Salvador García-Ruiz. Actualmente, Aurora Cannabis no tiene licencia de cultivo en España, por lo que quizás sus intenciones sean exportar desde sus instalaciones de Dinamarca.

Un detallado artículo de Stephen Mc Bride en Forbes detalla que Aurora Cannabis está en sobreproducción, por lo que está procediendo a tirar precios: ” Aurora Cannabis está volcando parte de su cosecha en mayoristas, lo que significa que lo está vendiendo a bajo precio […] de acuerdo con una línea enterrada en las cuentas del cuarto trimestre de la compañía. El último trimestre fiscal, la compañía vendió 20 millones de dólares por debajo del precio de coste, un aumento del 869% con respecto al trimestre anterior. Lo está haciendo porque no hay suficiente demanda de los consumidores ” .

Una gran señal de alarma en Aurora Cannabis son los movimientos corporativos. Hace escasos días, el fundador de Aurora Cannabis, Terry Booth, ha dimitido en medio de una gran caída del valor de las acciones.  En segundo lugar, un directivo, Jason Dyck, vendió el 57% de sus acciones en Aurora Cannabis. El mismo artículo, de  Tezcan Gecgil, indica que ” tales movimientos gerenciales, incluidos los ejecutivos que salen o venden la mayoría de sus acciones, retratan la situación, especialmente en el caso de acciones que ya están sufriendo mucho […]. Los inversores también han estado extremadamente preocupados con los niveles de consumo de efectivo en Aurora Cannabis. Después de la reciente reestructuración de su nota convertible que debía presentarse en marzo, la compañía ahora tiene la liquidez para sobrevivir en 2020, pero los inversores se preguntan qué pasará luego. Claramente, hay una falta de efectivo en toda la industria ” . Con una deuda de 360 millones de dólares a cubrir en agosto de 2021, hasta tres analistas advierten de que Aurora Cannabis podría ser incapaz de atender a los compromisos con sus deudores, y se habla de una falta de efectivo en torno a los 200 millones de dólares, que podrían llevar a la compañía a un default técnico. En el actual plan de negocios intentan conservar el escaso efectivo, con despidos masivos de hasta 500 trabajadores. A esta tormenta perfecta se une que, a finales de 2019, por motivos menores en ambos casos, Italia canceló la compra de un lote y Alemania detuvo las ventas de los productos de Aurora.

Dependencia hacia países extranjeros

Ya comentamos la visita del OECCC a la embajada de México, dentro de la campaña Regulación por la Paz. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un dictamen exigiendo la regulación del cannabis a las autoridades, con una impresionante justificación que hizo hincapié en los derechos de las personas. La campaña Regulación por la Paz denuncia que la propuesta de regulación privilegia a las empresas a costa de los campesinos mexicanos, además de anteponer los intereses de las farmacéuticas y crear dependencia hacia países extranjeros. La influencia de los lobistas de las multinacionales del cannabis y de las farmas ha conseguido reforzar ” las protecciones a los intereses comerciales, particularmente de las empresas extranjeras, en lugar de privilegiar derechos de personas usuarias y comunidades cultivadoras ” .

La Jornada de Mexico recoge una entrevista a la investigadora canadiense, Dwan Paley, que define la situación actual como “colonialismo cannábico”. Segun Paley, “las empresas cannábicas con sede en Canadá se han convertido en un foco de capital especulativo que utiliza técnicas muy similares a las de las compañías mineras para crecer. Entre dichas estrategias figura el hacer cabildeo en los Congresos locales para obtener leyes regulatorias que le sean favorables, además de promover la criminalización de los productores tradicionales y adquirir tierras para sus plantaciones, sin respetar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas y afectando los recursos naturales de la región, como ocurrió en Canadá”.

Un artículo en The Boston Globe detalla que Canopy y resto de empresas hacen lobby por una regulación a su medida en todo el mundo, hasta en Jamaica, defendiendo una regulación con gran cantidad de barreras de entrada. ” Las alcoholeras, las tabacaleras y las farmas ya se han posicionado en Canopy y otras compañías de marihuana, y, al igual que esos gigantes con largo recorrido, las nuevas corporaciones de cannabis están gastando millones de dólares presionando por leyes que les permitan vender grandes volúmenes de productos. Incluso en la Tierra Santa de la marihuana, Jamaica, Canopy y otras compañías canadienses han conseguido contratos con empresas locales para establecerse en el nuevo mercado médico, anticipando un día en que puedan exportar ganja desde el hogar de Bob Marley, mientras que los pequeños agricultores tradicionales de cannabis luchan por cumplir con los requisitos reglamentarios ” .

Cannabis Europa: Un congreso organizado por empresas extranjeras que deja fuera a los principales agentes del sector

El mes de febrero se ha celebrado en Madrid el Congreso ‘Cannabis Europa’. Una reciente nota de prensa, indica que Cannabis Europa fue creado por Hanway Associates y Prohibition Partners, y que ha sido adquirido por el grupo NOBL, un holding de Inglaterra que incluye también a  Prohibition Partners. Poco se entiende de estos pases entre socios y sus webs tampoco lo aclaran. La página de Cannabis Europa no indica cuál es el equipo organizador de este Congreso, ni quiénes son sus dueños. Tampoco la web del NOBL recoge las cuentas del holding, ni sus dueños, ni el equipo directivo. Ni siquiera los datos de su inscripción en el registro mercantil, ni la misión y visión o su estrategia para los próximos años .

Todo apunta a que el grupo Aurora Cannabis jugó un papel fundamental en el Cannabis Europa edición Madrid, pues fueron el patrocinador principal, además de intervenir la directora de Aurora Cannabis Europa, Dr Axel Guille, el director de Aurora Cannabis España, Salvador García-Ruiz, y la directora de Aurora Cannabis Francia, Hélène Moore, además de otras personas cercanas a Aurora Cannabis

Esta edición de Cannabis Europa se organizó en un hotel de cinco estrellas, con entradas a precios entre 299 y 899 euros. Una apariencia de lujo para deslumbrar y ocultar la poca información que este grupo ofrece sobre sus intereses y actividades. A pesar de la extrema opacidad del Congreso Cannabis Europa, durante la ronda de contactos del OECCC con grupos políticos en el Parlamento y Senado pudimos comprobar que todos han sido invitados a esta reunión, incluso los situados más a la izquierda. Ni Cannabis Europa ni NOBL constan como inscritos en los registros de transparencia del Parlamento Europeo o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Además, aunque no fue explicado en público, un mensaje al que ha tenido acceso el OECCC detalla que antes de Cannabis Europa hubo una reunión convocada por la European Alliance for Medical Cannabis, EAMC. A este grupo también pertenece Aurora Cannabis y la directora de Aurora Cannabis Francia, Helen Moore, es de la junta directiva de la EAMC.

EAMC ambiciona reunir a toda la industria bajo una asociación paraguas para conseguir un marco regulatorio armonizado a nivel europeo, haciendo uso de la experiencia de la asociación y su extensa red dentro de las instituciones de la UE y Estados miembros. En su web, aseguran que ellos ” hacen que las cosas ocurran en Bruselas ” , pero no aparece su lista completa de personal, ni memorias de años anteriores u otra información relevante. En el apartado de tarifas no las aclaran, pero sí aseguran que una de ellas te permite participar en 121 reuniones con funcionarios de la Unión Europea.

En la situación actual, podría sospecharse que hay una serie de individuos que se hicieron muy ricos en la burbuja del cannabis en Canadá y, tras el estallido, quieren repetir el mismo proceso en Europa.

Según explicó en la inauguración, el director de Aurora Cannabis Europa, el Dr Axel Gille, la legalización del cannabis medicinal no es una cuestión de derecha contra izquierda o de liberales contra conservadores, es una cuestión de salud pública. En cambio, el OECCC defiende que la legalización del cannabis medicinal es ante todo una cuestión de los derechos de las personas. En todo caso, si hablamos de salud pública, existe aún más motivo para demandar la claridad total que Cannabis Europa no aporta en absoluto.

En salud pública hace falta luz y taquígrafos. Por ejemplo, Civio ha detallado que las asociaciones de pacientes recibieron casi seis millones de euros de la industria farmacéutica en 2016, cuestión detallada previamente por el informe de la ONG Transparencia Internacional  del 2014, que denunció las influencias de la industria farmacéutica en las asociaciones de pacientes; ” En el ámbito sanitario, a veces las empresas crean o patrocinan supuestas organizaciones civiles que, tras un aparente interés por defender valores sociales, se ocupan en realidad de proteger sus intereses comerciales. En esta línea, se han creado grupos de pacientes o sociedades científicas respaldadas por la industria”. Otro caso que Civio sacó a la luz fue que el médico con más pagos de una farmacéutica respaldó dos de las terapias de esta empresa, cuestionadas por su precio y eficacia. También el caso Baselga, en el que 17 de los profesionales sanitarios que más pagos recibieron de una farmacéutica no declararon sus vínculos con la industria en al menos dos artículos científicos publicados entre 2017 y 2018.

Para evitar estas malas prácticas en la industria del cannabis, con intereses fuera de control que ya han perjudicado el proceso de regulación en otros países como México, es necesaria una claridad total entre todas las partes.

Recomendaciones

  • Transparencia en las licencias. La AEMPS debe aplicar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de forma proactiva, proporcionando detalladamente toda la información del proceso para conseguir una licencia, dando igualdad de oportunidades a todas las personas físicas y jurídicas.
  • Primero las personas. Décadas de luchas de las personas que usan y cultivan cannabis han conseguido que la regulación de la marihuana se convierta en una opción. Lo primero es atender las necesidades de estas personas y respetar sus derechos. Un mercado eficaz solo se creará con una regulación integral, que incluya los aspectos lúdico y medicinal.
  • Renovar la legislación sobre licencias. Es preconstitucional y está desfasada, debe ser sustituida por una regulación que permita autocultivo terapéutico individual y colectivo, además de fitofármacos de bajo coste. El OECCC detalla cómo realizar un sistema de licencias moderno en su documento de trabajo sobre la ley del cannabis medicinal y terapeútico.
  • Privilegiar al sector del cannabis español frente a la intervención de multinacionales del cannabis canadienses.
  • Aplicar las 23 propuestas de transparencia de Civio. Incluye la publicidad de agendas de altos cargos, diputados y senadores, y registros de lobby en el Gobierno y Congreso. También publicar con cada ley la huella legislativa completa, que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final.
  • Intervención de la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CMNC) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para investigar si se han dado prácticas contrarias a la competencia, así como desinformación a los inversionistas que han perdido dinero en el estallido de la burbuja de las multinacionales del cannabis.
  • Advertencia: los autores del artículo expresan su opinión basada en cotizaciones, artículos de prensa previos y otras fuentes públicas, así como 20 años de experiencia en el sector del cannabis. Los autores no tienen ninguna acción de las empresas nombradas, ni tampoco mantienen posiciones cortas sobre ellas. Lo expuesto en el artículo son las meras opiniones de los autores y en ningún caso son un consejo de comprar o vender títulos de las compañías nombradas. Antes de tomar cualquier decisión financiera, los autores recomiendan la consulta de un asesor profesional, así como de las fuentes originales, la información financiera pública de las compañías y otras informaciones adicionales.